¡¡pásssalo!!

Las cadenas de internet, en general, siempre me han parecido una tomadura de pelo. Una manera, poco científica, de probar la fuerza de una afirmación, la potencia de una pregunta o la capacidad de respuesta de una petición, sin que haya manera alguna de comprobar su eficacia. Al menos, que yo conozca

Muchas de ellas sólo son tonterías y bulos absurdos y sin contenido. Otras, las menos, son ciertas y reales. Llamadas de auxilio, gritos de alarma, convocatorias de una movilización en justa respuesta ciudadana, libre y espontánea, a una decisión gubernamental en el ámbito local, autonómico o estatal. Y con estas, las reales, puedo estar de acuerdo y seguirlas.

Las otras en algunos casos, incluso, se revisten de una cierta formalidad, o legalidad, como en el caso que nos ocupa. En este concretamente, al inicio del correo se afirma que un estudio jurídico ha decidido implicarse y va a promocionar la recogida de firmas para presentar la Iniciativa Legislativa Popular de modificación de la Constitución y una Ley de Reforma del Congreso. Un pequeño batiburrillo de enunciado cuyo contenido comentaré más adelante.

Ya que lo peor de todo esto es lo mal que me sabe que personas honestas y rectas, de firmes convicciones e inteligencia probada, y además amigoas míoas, den pábulo a las insidias, sin más, y certifiquen, con su “pásalo”, la veracidad de las afirmaciones que este, u otro, correo contiene.

Un correo que, desde mi punto de vista, aprovecha la circunstancia económica y de cabreo generalizado para denigrar a la ya desprestigiada clase política de este país, calificando a todoas sus integrantes con los mismos adjetivos y con el objetivo, a mi parecer, claro: si la clase política es desvergonzada, cínica, aprovechada y corrupta, no vale. Si esta clasde política la avala el sistema, es que el sistema tampoco vale y hay que sustituirlo por otro. ¿Cual? Por supuesto uno que ate corto a los políticos, o mejor que no tenga políticos, y por extensión también constriña a los ciudadanoas para que no se desmanden. Un sistema fuerte que no permita a nadie salirse del carril; al poco, salirse del carril será sinónimo de disconformidad, de queja, de opinión diferente, de crítica y, por ese camino, se saldrá aquel que lo que pretenda sea opinar únicamente. Un sistema paternalista con leyes Ad-hoc que nos diga qué podemos pensar y qué no. De ese sistema ya hemos tenido uno durante 40 años y yo, al menos, me niego a su retorno. Y sobre todo a un retorno propiciado por nosotros mismos.

En esta ocasión, la del correo electrónico, la cosa va más lejos. Como ya he dicho anteriormente está encabezado, este correo, con la afirmación de que el Estudio Jurídico Rodríguez y Hermosilla, de Alcalá 74, no sólo apoya, si no que da soporte legal a la recogida de firmas que avalen la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Constitución y propugnar una Ley de Reforma del Congreso. Ya que la filiación del susodicho estudio jurídico, bufete de abogados diría yo, incluye el teléfono, ayer mismo decidí llamar para hablar con la abogada que titula el dicho estudio y comentar con ella varias afirmaciones que incluye el correo y que considero verdaderas falacias que, sin embargo, corren por internet como si fuesen verdades incuestionables o axiomas matemáticos.

La primera en la frente. Después de intentar hablar con el bufete durante todo el día, sólo he escuchado tres tonos de “comunicando” en cada una de las llamadas y después, el silencio.

Tras pensar que lo del bufete era mentira, hoy mismo (por ayer) he decidido intentarlo de nuevo. A la primera me han contestado. Ni qué decir tiene que en el bufete han negado cualquier autoría sobre el correo, ni que estuviesen dándole soporte jurídico, ni que fuesen a promover la iniciativa legislativa popular, ni que hubiesen acordado con nadie la inclusión del nombre del bufete en el citado correo.

Conocían su existencia, sin embargo, por haber recibido otras llamadas interesándose al respecto, pero afirman no colaborar con nadie sobre este tema, ni conocer al promotor de la iniciativa.

¡Toma ya! el pretendido estudio jurídico nada sabe del asunto. Así que me pregunto ¿por qué? está claro que la pretensión es que al ver el nombre de un bufete de abogados que apoya la propuesta, la mayoría de la gente ya no pensará más allá y le dará credibilidad al tema del corrreo ¿por qué? porque el cabreo es tal, que todo lo que huela a político hay que lincharlo bajo las ramas de un espino para que así, si pretende levantarse, se pinche y se quede calladito y quieto.

Pero yo no me quedo calladito, ni quieto, y he intentado analizar el contenido del correito de marras, punto por punto de las reivindicaciones que allí se expresan.

Vamos, pues, a ello:

PUNTO UNO de la reivindicación: “El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato realizado.”

Bueno, esto ya es así. No hay ningún ex-diputadoa autonómicoa o estatal, que siga cobrando su salario una vez ha dejado su escaño. EN NINGÚN CASO. Y conozco dos, de primera mano: una exdiputada autonómica, y una exdiputada estatal. Al siguiente día de dejar de ser diputadas, dejaron de cobrar el salario de diputadas.

En cuanto a la jubilación, puesto que sólo cotiza mientras está activo, sólo cobrará el equivalente a ese tiempo de actividad de cargo público. Porque supongo que si cotiza en otro trabajo, ese no se le quitará, ¿no?

PUNTO DOS: “El diputado contribuirá al Régimen General de la Seguridad Social como el resto de ciudadanos. El fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la Seguridad Social. El diputado participará de los beneficios del régimen de la Seguridad Social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad”.

El diputadoa ya contribuye a la Seguridad social como cualquier ciudadanoa, en relación a su salario, como cualquiera de nosotroas. Y participa de sus beneficios, cada vez menos, como nosotroas. Y no conozco en ningún caso, ningún fondo de jubilación ajeno a la jubilación de la Seguridad social, a no ser que tenga, personalmente, un fondo de pensiones.

PUNTO TRES: “El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles“.

Como todoas loas españoleas, lo paga. A la Seguirdad Social, en función de su salario. Y si se lo puede permitir, se paga, de su bolsillo, un Plan de Pensiones privado. No conozco, en ningún caso, ningún fondo de jubilación.

PIUNTO CUATRO: “El diputado dejará de votar su propio aumento de salario“.

En este punto incluso puedo estar de acuerdo, aunque yo digo que su salario esté regulado por la ley, así como sus incrementos, que también debe tenerlos como cualquiera.

PUNTO CINCO: “El diputado dejará su seguro actual de salud y estará sujeto al mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles”

Los diputadoas no tienen un sistema de salud diferente al del resto de loas españoleas. Tiene, como todoas, la Seguridad Social. Y si algiunoa se paga un seguro privado, ¿por qué debería dejarlo al cesar como diputdoa, si lo paga de su pecunio particular?

PUNTO SEIS:  “El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles”.

Que alguien llegue a pensar que loas diputadoas tienen una legislación diferente, me produce una cierta sonrisa. Loas diputadoas se rigen por la misma legislación que el resto de los mortales. Tienen, y en eso estoy de acuerdo, una protección especial por el hecho de ser diputdoas y corresponde al poder judicial velar por su cumplimiento, y juzgar a quien deba ser juzgado. Loas diputadoas no disfrutan de inmunidad ante la ley, aunque esta sea lenta.

PÙNTO SIETE: “Servir en el Congreso es un trabajo, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos (no más de 2 legislaturas) y luego reincorporarse a la vida laboral previa a su etapa de Servicio Público, si la hubiere, si no, al paro”.

Por supuesto que es un trabajo; pero también puede ser una carrera, aunque sobre esto, así como de la limitación de mandatos, habría mucho de que hablar. En cuanto a lo de ir al paro al terninar el mandato, todoas lo desearán, ya que en este momento ningunoa de elloas, ni autonómico ni estatal TIENEN DERECHO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO, puesto que la ley les impide cotizar para tener ese período de tiempo cubierto, como el resto de loas trabajadoreas españoleas.

PUNTO OCHO: “Reducir al menos un 30% el número de componentes políticos de las instituciones. (concejales de ayuntamiento, diputados nacionales, diputados regionales, etc)”.

No existen los diputados regionales, son autonómicos o provinciales. Y los provinciales son concejales de los ayuntamientos de la provincia pues la diputación es una representación de los ayuntamientos.

Personalmente no estoy de acuerdo en esa reducción del número de cargos públicos electos. La administración que más va a sufrir esa medida es la local; sobre todo los pequeños ayuntamientos en los que, casualmente, prácticamente ningún concejal cobra salario por su trabajo; sólo cobran por asistencia a plenos y a comisiones; conozco esa situación, también, de primera mano. Y una consecuencia directa de esa reducción, será la desaparición de los partidos minoritarios, y que una elevada cantidad de gente pierda el cauce natural del que ahora dispone para hacer llegar sus reivindicaciones a los ayuntamientos y al resto de administraciones públicas.

Además, esta medida, de reducción del númerode concejales y diputadoas, ya la contempla el proyecto del gobierno del PP para la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, con la que tampoco estoy de acuerdo.

PUNTO NUEVE: “Eliminar instituciones obsoletas o duplicadas: senado, diputaciones provinciales”.

Más que eliminarlas, lo que hay que hacer es reformarlas para que su función sea válida dentro del marco constitucional y del ordenamiento jurídico y político. Pero este es un tema de discusión y debate, aunque la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local pretende incrementar las competencias de las diputaciones en detrimento de los pequeños ayuntamientos que son los que verdaderamente están junto al ciudadanoa. ¿He dicho ya que no estoy de acuerdo con esta reforma?

PUNTO DIEZ:  “Reducir un 50% el número de asesores de cargos políticos, así como limitar racionalmente sus retribuciones”.

Considero que los cargos públicos deben tener sus asesores de confianza; este es también un tema de debate, desde mi punto de vista. No se si sobran asesores o no, no lo he analizado y es muy posible que así sea. Y por supuesto, sus retribuciones están limitadas y marcadas por la ley y no dependen del político de turno. Un asesor cobra lo que marca la función pública, no lo que un cargo público decide.

En definitva, diez propuestas; mayoritariamente sin base alguna, por lo que es imprescindible, desde su óptica, que aquelloas que las lean, no se paren a pensar demasiado y las acepten sin más. De ahí la inclusión del nombre de un bufete de abogados, real, pero que niega cualquier vinculación con el susodicho correo y su contenido. Una propuesta que, con estas características, sólo pesigue crear mala imagen de los cargos públicos.

Yo puedo estar en desacuerdo, que lo estoy, con algunas de las decisiones con las que mi partido enfrentó la crisis. Tampoco estoy de acuerdo, en absoluto, con las que está adoptando el gobierno del PP, ¿con el mismo objetivo?, a mi modo de ver, no. El PP parece que pretende superar este tiempo catastrófico, hundiendo aún más a loas españoleas y nuestra maltrecha economía; la familiar, la empresarial, le española, pues tal parece que su opción es hacer desaparecer de la sociedad a la gran mayoría de loas españoleas, como receta magistral para salvar la situación.

A todo esto, no debemos perder de vista a los verdaderos responsables de la crisis que sufrimos: la especulación financiera.

Y sobre todo hay que tener presente que “pasando” correos de estas características, recuerdo que la gran parte de ellas son meras falacias, cargamos el peso y la responsabilidad únicamente sobre la clase política, como si su reducción y tratamiento despiadado, o desaparición, nos permitieran salir de la crisis y volver a tener trabajo. Pero para ello, es imprescindible que los empresarios inviertan y creen empresas que generen demanda de trabajadoreas. No existe otra fórmula, ni pociones mágicas que lo consigan.

Pero éste, es tema de otra discusión.

Guillermo Aldehuela